Diputados: Rectores critican falta de reconocimiento a universidades en proyecto sobre educación superior
Rectores critican falta de reconocimiento a universidades en proyecto sobre educación superior
Publicado el 26 de septiembre del 2016
Ante la Comisión de Educación, representantes de algunas universidades del CRUCH, insistieron en que debe existir una articulación del sistema, cuyo objetivo sea apoyar el desarrollo armónico de las instituciones, mejoramiento de la calidad y fortalecimiento de la educación pública.
Como una forma de hacer partícipe a todos los actores, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió esta mañana al rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente del G9, Claudio Elórtegu, al rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, al rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, y al rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, quienes entregaron su punto de vista en torno al proyecto de ley sobre educación superior (boletín 10783) criticando una falta de reconocimiento a las instituciones.
En la ocasión, el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, señaló que la iniciativa desconoce la historia y la realidad de las universidades del país, así como, también, el compromiso con el interés público que han tenido las instituciones.
“Creemos que debe existir una articulación del sistema, cuyo objetivo sea apoyar al desarrollo armónico de las instituciones, y corregir la valoración del Consejo de Rectores, ya que constituyen una potente red de cooperación académica (…). Nos parece que se debiera avanzar para que el CRUCH no sea un club cerrado”, afirmó.
En esa línea, Elórtegui agregó que es preciso generar los apoyos específicos para que las instituciones del organismo puedan mantener su liderazgo en un contexto nacional.
En cuanto a la autonomía y las nuevas regulaciones que se establecen en la iniciativa, indicó que es positiva la creación de la Superintendencia, pero se requiere avanzar en una mayor regulación. “Nos parece que la institucionalidad y las facultades que se crean son excesivas, entonces creemos que hay que avanzar en una regulación inteligente que permita mejorar la calidad”, acotó.
Sobre el aseguramiento de la calidad, dijo coincidir en la capacidad de perfeccionar el aseguramiento, pero aseguró que la iniciativa desconoce lo que se ha avanzado a lo largo de los años. “El proyecto centra el aseguramiento de la calidad en la acreditación y creemos que el órgano encargado debe ser, además, autónomo”.
“Compartimos los objetivos y principios generales del proyectos, pero creemos que el articulado los contradice y trata muy mal a las instituciones que creemos se caracterizan por calidad e inclusión. Además, pensamos que no se asegura un financiamiento acorde, por lo que consideramos que es esencial distinguir y potenciar a las universidades de compromiso público”, remató.
Profundizar los vínculos
En tanto, el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, aseguró que en el proyecto falta profundizar los vínculos que las institucionales tendrán, entendiendo que se debe asumir la urgencia de una política de educación superior con objetivos de mediano y largo plazo.
En ese sentido, sostuvo que es valorable la incorporación de una política técnico profesional que, además, tenga la visión y mirada en las regiones.
Sobre el financiamiento, Sanhueza admitió que el aporte basado en volúmenes de estudiantes tiene consecuencias negativas, en la actualidad, ya que las universidades han estado preocupadas de financiarse por matricula. “Más que quitar recursos a algunas universidades se debe implementar fondos a aquellas que necesitan mejorar su calidad”, resaltó.
Por su parte, el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, coincidió con los planteamientos de sus colegas y aclaró que la preocupación, hoy en día, es que los propósitos en una ley como se han planteado no se van a lograr. “Hay un sistema insuficientemente regulado, indefiniciones de la misión y un rol de la universidad que no permite formar instituciones de calidad”, enfatizó.
Al mismo tiempo, añadió que no debería estar en discusión el apoyo que el Estado debe entregar a las universidades que son de su propiedad, sino que debe haber una valoración de lo público. “La ley debería reconocer que existen universidades que requieren igual trato y que es imprescindible apoyar a las universidades públicas que realizan sus actividades en regiones”, detalló.
A lo anterior, sumó que es correcto definir lo que se quiere como educación superior, considerando que, actualmente, “se puede afirmar que el financiamiento es inestable y nada asegura la permanencia de los recursos que necesitan las instituciones”.
En su declaración, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, recalcó que en el plano institucional coincide y es partidario de que el proyecto de ley se mantenga en el proceso que está hoy día, independientemente, de las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo que se presenten.
“Si nos enfocamos en financiamiento, el proyecto es perfectible en lo referido al financiamiento de la educación estatal y la autonomía, así como en el tema de la calidad. Sin embargo, el proyecto -tal como está- consolida y estimula una gran oferta privada más regulada, pero con financiamiento estatal”, comentó.
Insistió en que el proyecto entregará menos recursos a las universidades estatales y le impondrá menos limitaciones, lo que no podrá competir en igualdad de condiciones con la oferta en la educación superior.
Por otro lado, Zolezzi precisó que el hecho de fortalecer la educación pública planteada profundiza la privatización, por lo que “esperamos que el gobierno haga entrega de una indicación sustitutiva que perfeccione el proyecto”, solicitó.
Reacciones
Concluida la exposición, la diputada María José Hoffmann (UDI) preguntó a los rectores cómo se logra fortalecer el carácter regional de las de las instituciones y si están de acuerdo con la distribución de los recursos del aporte fiscal que se les entrega a dichas universidades.
Al mismo tiempo, la parlamentaria dijo compartir la disparidad en el trato que existe, no solo con los recursos, sino que, también, en general con todas las universidades e instituciones de educación superior.
En tanto, el diputado Giorgio Jackson (IND) habló, entre otras cosas, del límite de la autonomía y como una buena gobernanza puede favorecer más que interferir en esta. “Creo que mientras más auto gobernanza y menos injerencia de cualquier sector externo sea, estado, iglesia o poder económico es mejor para la autonomía El proyecto en ese aspecto le falta bastante”, admitió.
Por su parte, el diputado Mario Venegas (DC) añadió que su inquietud va en la línea de dejar determinado el concepto de universidad. “Si se dice que no está adecuadamente resuelto este concepto, esto genera una debilidad de base (…) Me parece que definir esto es central”, aseguró.
Asimismo, especificó que no hay tampoco una definición consensuada de lo que es lo público, porque, en general, se dice que toda institución que se merece financiamiento público del estado, es aquella que cumple con un sentido público.
Finalmente, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, aclaró que como gobierno pretenden generar contrapesos en las diferentes instituciones. “La idea es lograr institucionalidades que nos den garantías, que permitan que las cosas sucedan, por eso que hemos estados abiertos y esperamos prontamente, antes de que se cierren las audiencias, incorporar las indicaciones necesarias con los aspectos que el proyecto no tenía antes de ingresar”, afirmó.
Publicado el 26 de septiembre del 2016
Ante la Comisión de Educación, representantes de algunas universidades del CRUCH, insistieron en que debe existir una articulación del sistema, cuyo objetivo sea apoyar el desarrollo armónico de las instituciones, mejoramiento de la calidad y fortalecimiento de la educación pública.
Como una forma de hacer partícipe a todos los actores, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió esta mañana al rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente del G9, Claudio Elórtegu, al rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, al rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, y al rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, quienes entregaron su punto de vista en torno al proyecto de ley sobre educación superior (boletín 10783) criticando una falta de reconocimiento a las instituciones.
En la ocasión, el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, señaló que la iniciativa desconoce la historia y la realidad de las universidades del país, así como, también, el compromiso con el interés público que han tenido las instituciones.
“Creemos que debe existir una articulación del sistema, cuyo objetivo sea apoyar al desarrollo armónico de las instituciones, y corregir la valoración del Consejo de Rectores, ya que constituyen una potente red de cooperación académica (…). Nos parece que se debiera avanzar para que el CRUCH no sea un club cerrado”, afirmó.
En esa línea, Elórtegui agregó que es preciso generar los apoyos específicos para que las instituciones del organismo puedan mantener su liderazgo en un contexto nacional.
En cuanto a la autonomía y las nuevas regulaciones que se establecen en la iniciativa, indicó que es positiva la creación de la Superintendencia, pero se requiere avanzar en una mayor regulación. “Nos parece que la institucionalidad y las facultades que se crean son excesivas, entonces creemos que hay que avanzar en una regulación inteligente que permita mejorar la calidad”, acotó.
Sobre el aseguramiento de la calidad, dijo coincidir en la capacidad de perfeccionar el aseguramiento, pero aseguró que la iniciativa desconoce lo que se ha avanzado a lo largo de los años. “El proyecto centra el aseguramiento de la calidad en la acreditación y creemos que el órgano encargado debe ser, además, autónomo”.
“Compartimos los objetivos y principios generales del proyectos, pero creemos que el articulado los contradice y trata muy mal a las instituciones que creemos se caracterizan por calidad e inclusión. Además, pensamos que no se asegura un financiamiento acorde, por lo que consideramos que es esencial distinguir y potenciar a las universidades de compromiso público”, remató.
Profundizar los vínculos
En tanto, el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, aseguró que en el proyecto falta profundizar los vínculos que las institucionales tendrán, entendiendo que se debe asumir la urgencia de una política de educación superior con objetivos de mediano y largo plazo.
En ese sentido, sostuvo que es valorable la incorporación de una política técnico profesional que, además, tenga la visión y mirada en las regiones.
Sobre el financiamiento, Sanhueza admitió que el aporte basado en volúmenes de estudiantes tiene consecuencias negativas, en la actualidad, ya que las universidades han estado preocupadas de financiarse por matricula. “Más que quitar recursos a algunas universidades se debe implementar fondos a aquellas que necesitan mejorar su calidad”, resaltó.
Por su parte, el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, coincidió con los planteamientos de sus colegas y aclaró que la preocupación, hoy en día, es que los propósitos en una ley como se han planteado no se van a lograr. “Hay un sistema insuficientemente regulado, indefiniciones de la misión y un rol de la universidad que no permite formar instituciones de calidad”, enfatizó.
Al mismo tiempo, añadió que no debería estar en discusión el apoyo que el Estado debe entregar a las universidades que son de su propiedad, sino que debe haber una valoración de lo público. “La ley debería reconocer que existen universidades que requieren igual trato y que es imprescindible apoyar a las universidades públicas que realizan sus actividades en regiones”, detalló.
A lo anterior, sumó que es correcto definir lo que se quiere como educación superior, considerando que, actualmente, “se puede afirmar que el financiamiento es inestable y nada asegura la permanencia de los recursos que necesitan las instituciones”.
En su declaración, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, recalcó que en el plano institucional coincide y es partidario de que el proyecto de ley se mantenga en el proceso que está hoy día, independientemente, de las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo que se presenten.
“Si nos enfocamos en financiamiento, el proyecto es perfectible en lo referido al financiamiento de la educación estatal y la autonomía, así como en el tema de la calidad. Sin embargo, el proyecto -tal como está- consolida y estimula una gran oferta privada más regulada, pero con financiamiento estatal”, comentó.
Insistió en que el proyecto entregará menos recursos a las universidades estatales y le impondrá menos limitaciones, lo que no podrá competir en igualdad de condiciones con la oferta en la educación superior.
Por otro lado, Zolezzi precisó que el hecho de fortalecer la educación pública planteada profundiza la privatización, por lo que “esperamos que el gobierno haga entrega de una indicación sustitutiva que perfeccione el proyecto”, solicitó.
Reacciones
Concluida la exposición, la diputada María José Hoffmann (UDI) preguntó a los rectores cómo se logra fortalecer el carácter regional de las de las instituciones y si están de acuerdo con la distribución de los recursos del aporte fiscal que se les entrega a dichas universidades.
Al mismo tiempo, la parlamentaria dijo compartir la disparidad en el trato que existe, no solo con los recursos, sino que, también, en general con todas las universidades e instituciones de educación superior.
En tanto, el diputado Giorgio Jackson (IND) habló, entre otras cosas, del límite de la autonomía y como una buena gobernanza puede favorecer más que interferir en esta. “Creo que mientras más auto gobernanza y menos injerencia de cualquier sector externo sea, estado, iglesia o poder económico es mejor para la autonomía El proyecto en ese aspecto le falta bastante”, admitió.
Por su parte, el diputado Mario Venegas (DC) añadió que su inquietud va en la línea de dejar determinado el concepto de universidad. “Si se dice que no está adecuadamente resuelto este concepto, esto genera una debilidad de base (…) Me parece que definir esto es central”, aseguró.
Asimismo, especificó que no hay tampoco una definición consensuada de lo que es lo público, porque, en general, se dice que toda institución que se merece financiamiento público del estado, es aquella que cumple con un sentido público.
Finalmente, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, aclaró que como gobierno pretenden generar contrapesos en las diferentes instituciones. “La idea es lograr institucionalidades que nos den garantías, que permitan que las cosas sucedan, por eso que hemos estados abiertos y esperamos prontamente, antes de que se cierren las audiencias, incorporar las indicaciones necesarias con los aspectos que el proyecto no tenía antes de ingresar”, afirmó.
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